La semana pasada el gobierno de la Ciudad me regaló dos
libros, eso sí repitió el regalo en –hasta ahora- tres de los colegios en los
que trabajo, es decir ya llevo 6, tres de cada uno.
El primero es una edición facsimilar de Sarmiento, Educación
Común en el Estado de Buenos Aires, útil
para conocer de primera mano cómo pensaba la educación el tipo que la armó en
la Argentina hace más de cien años. Útil también para los profesores de Lengua
que quieran mostrar cómo cambiaron las reglas ortográficas en este período (i
por y, j por g, etc).
El segundo es el Estatuto del Docente. La ley que rige
nuestra actividad en el país. Un estatuto que contiene buena parte de los
derechos de los docentes como trabajadores. Un estatuto que costó conseguir: mi
vieja, que participó en esa lucha en 1957/1958 me contaba que debieron recurrir
a métodos que luego olvidamos y que eran ( y son todavía) impensables para un
gremio “educado”: huelgas con piquetes de maestros en las puertas de las
escuelas, nada de “el que quiere trabaja”, “la huelga es una decisión personal”
o cosas por el estilo. Si decidimos no trabajar, no entra nadie.
No debería quejarme del regalo, pero…todavía no sé si es una
burla, una provocación o una combinación de inoportunismo. Sucede que el gobierno
acaba de mandar a la Legislatura un proyecto ¡que anula una de las conquistas
fundamentales del Estatuto! No debería asombrarnos: de Onganía para acá
(incluyendo a Menem y De la Rúa) los sucesivos gobiernos han intentado anular,
derogar, cercenar, mutilar, modificar (y cuanto verbo indique restricción) el Estatuto.
Esta vez avanzan sobre las Juntas de Clasificación y
Disciplina, órganos colegiados docentes electos por voto de los mismos que se
ocupan de la clasificación, titularización, ascensos y sumarios docentes. La
eliminación de las Juntas dejaría en manos del gobierno de turno todos estos
temas.
Tampoco es para el asombro: el gobierno está reglamentando
también la formación de los centros de estudiantes: cuándo pueden hacer las
elecciones, cuántos representantes deben tener, cómo deben relacionarse con las
autoridades, etc.
Mañana habrá paro, todos los sindicatos lo han convocado.
Pero así cómo uno no debe pensar que los derechos que consiguió una vez ya están para siempre,
tampoco puede confiarse de los aliados ocasionales. La eliminación de las
Juntas cercena derechos pero también prebendas para aquellos que quieran
aprovecharlas. La cooptación del estado es permanente (todos los miembros
electos de Junta cobran por su trabajo un plus salarial), más allá del gobierno
que esté. Hoy todos nos sentimos afectados, pero unos por unas cosas y otros
por otras.
Mañana marcharemos juntos con miembros de sindicatos que siguen
siendo funcionarios del gobierno de Macri (Roberto Angrisani, de UDA, redactor
del memorándum que judicializaba las tomas estudiantiles, p.ej) o representantes
del gobierno nacional (Tito Nenna, legislador porteño) que reprimió la protesta
de los docentes de Santa Cruz con carros hidrantes.
Mañana haremos paro y nos movilizaremos.
Mañana y pasado y
pasado deberemos tener en claro con quiénes contamos.